Denuncias falsas en establecimientos hoteleros por turistas británicos. Problemática legal

En nuestro blog de Devesa & Calvo Abogados Alicante, Benidorm y Valencia, vamos a analizar las causas que explican las masivas denuncias falsas presentadas por turistas británicos en establecimientos hoteleros en virtud de inexistentes intoxicaciones alimentarias y que están afectando principalmente a destinos como la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Tales denuncias falsas no son hechos aislados; se trata de un auténtico «modus operandi», un negocio ilícito que ha provocado pérdidas millonarias al sector, además de amenazado reputacionalmente a España como destino turístico (si bien en este último aspecto, por suerte el sector hotelero español ha ganado ya la batalla en los medios, poniendo de manifiesto la existencia de esta práctica engañosa e irreal).

¿Por qué se dan estos casos de denuncias falsas en turistas británicos y no de otras nacionalidades?. Son varias las causas que explican este hecho, las que propician el caldo de cultivo para este tipo de conductas ilícitas:

a) En primer lugar la propia operativa de contratación turística con el Reino Unido.. Esto es, el turista británico que después denuncia la supuesta intoxicación y pretende exigir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, no contrata directamente con el establecimiento hotelero español, sino un paquete de todo incluido al touroperador (mayorista). La reclamación en consecuencia no se sustancia en España, sino ante los tribunales del Reino Unido (domicilio del demandado). Es el touroperador el que después descuenta unilateralmente al establecimiento hotelero la indemnización que ha pagado al turista británico denunciante, con la consecuente indefensión que se provoca a la empresa española.

b) El sistema jurídico británico aplicable a este tipo de reclamaciones, es especialmente garantista en favor de los intereses del denunciante. Así pues, no solo se impone la carga de la prueba a la empresa (es decir, sería el touroperador el que debería probar en juicio que la indemnización no ha existido), sino que el plazo de prescripción para presentar la reclamación es de 3 años. Para entendernos, que si un turística británico sufre una supuesta indigestión en un establecimiento hotelero español en marzo de 2017, tendría hasta marzo de 2020 para presentar la pertinente reclamación.

c) La existencia de «claim farmes» (recolector de reclamaciones), empresas que en las entradas a los propios establecimientos hoteleros españoles tratan de captar clientes dispuestos a reclamar; estas empresas trabajan a su vez, y a cambio de una comisión, para despachos de abogados británicos especializados en este tipo de reclamaciones y que trabajan totalmente a éxito («no win no fee») para no desanimar a los denunciantes.

¿Qué pérdidas han provocado ya las denuncias falsas de turistas británicos en España?. Estas masivas denuncias falsas constituyen un lucrativo, pero ilícito negocio que según estimaciones de la patronal hotelera Hosbec ha supuesto unas pérdidas para el sector de más de 60 millones de euros.

Dicho lo cual, parece que por fin tanto las autoridades españolas como las británicas están empezando a reaccionar ante este fraudulento negocio, siendo recientes las declaraciones de la primera ministra británica Theresa May al respecto, advirtiendo «duras sentencias de cárcel»; durante el pasado mes de julio, se emitieron en el Reino Unido las primeras condenas a turistas por simulación de intoxicación alimentaria:

• Una pareja británica fue condenada a indemnizar al touroperador Thomas Cook por denunciar falsamente una intoxicación que dijeron haber sufrido en un hotel de Gran Canaria. El Juez le impuso las costas del procedimiento (4.188 EUR) por su «actitud deshonesta».
• Una familia de Liverpool está siendo procesada por vía penal como consecuencia de la denuncia falsa que realizaron por intoxicación en un establecimiento de Mallorca; se enfrentan a una pena de prisión de entre 18 meses y 6 años.

Por la parte española, sería deseable ahora el pertinente apoyo y concienciación de sus autoridades, y muy especialmente de los Juzgados y Tribunales, Ministerio Fiscal y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque no nos olvidemos, el delito de estafa está tipificado en los artículos 248 y siguientes del vigente Código penal español; y a fortiori, las penas son mayores cuando se comete utilizando la denominada «estafa procesal» (pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses); castigarlo, en grado de tentativa o no, y perseguir también a aquellos que han cooperado necesariamente para la comisión del hecho delictivo, es otra manera de tratar de poner fin o al menos obstaculizar y desincentivar el fenómeno de las denuncias falsas.