¿Cómo se debe interpretar el compromiso de mantenimiento de empleo vinculado a los ERTE por COVID-19?
A pesar de que el gobierno ha prorrogado los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) hasta el 30 de septiembre, muchas empresas están preocupadas por la posibilidad de verse obligadas a despedir empleados. Esto genera dudas sobre si hacerlo puede suponer un incumplimiento del compromiso de mantenimiento de empleo y qué consecuencias legales podría implicar.
¿Qué es el compromiso de mantenimiento de empleo vinculado a los ERTE?
El compromiso de mantenimiento de empleo fue establecido inicialmente en el Real Decreto-Ley 8/2020 y se ha prorrogado en sucesivos Reales Decretos, incluyendo el 30/2020, 2/2021 y el más reciente 11/2021, que extiende la vigencia hasta el 30 de septiembre.
¿A qué empresas y trabajadores afecta los ERTE?
No todos los ERTE están sujetos al compromiso de mantenimiento de empleo. Esta obligación solo afecta a las empresas que han recibido exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social.
Personas afectadas por los ERTE:
El compromiso se aplica a los empleados que estuvieron en ERTE y generaron derecho a bonificaciones. La empresa debe mantener el empleo de aquellos trabajadores que se incluyeron en el ERTE por el que se obtuvieron exoneraciones. No es posible mantener el número de empleados simplemente reemplazando a un trabajador afectado por el ERTE con otro.
Excepciones de los ERTE:
Existen ciertos casos en los que la extinción de la relación laboral no se considera un incumplimiento. Estos casos son el despido disciplinario procedente, dimisión, jubilación, incapacidad permanente, finalización del contrato temporal, o el fin de la obra para la que fueron contratados. Estas excepciones deben ser reconocidas mediante conciliación o por sentencia judicial.
¿Cómo se computan los seis meses del compromiso de mantenimiento de empleo vinculado a los ERTE?
El plazo de seis meses empieza a contar desde la reincorporación al trabajo efectivo del primer empleado afectado por el ERTE total o parcialmente. Si la empresa tenía compromisos previos, el nuevo plazo comenzará cuando el anterior haya finalizado. Esto es siempre que se desafecte a algún trabajador a partir de ese momento.
En conclusión, el compromiso de seis meses se inicia al desafectar al primer trabajador del ERTE. Esto significa que una empresa podría despedir a alguien aún en ERTE sin incumplir el compromiso.
Consecuencias del incumplimiento del compromiso vinculado a los ERTE
El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de empleo implicaría el reintegro total de las exoneraciones obtenidas, incluyendo los recargos e intereses correspondientes. La Dirección General de Trabajo ha confirmado esta interpretación.
No obstante, antes de exigir el reintegro, se debe instruir un expediente de comprobación por parte de la Inspección de Trabajo. En este proceso, la empresa puede presentar alegaciones como:
- Riesgo de concurso si la empresa enfrenta embargos o dificultades financieras.
- Consideración de las características del sector, como alta estacionalidad en el empleo.
Opiniones particulares y posibles defensas empresariales en relación a los ERTE
Existen dos argumentos que las empresas podrían esgrimir para justificar el incumplimiento del compromiso:
- Extinciones por causas objetivas: Ciertos despidos, aunque no estén expresamente contemplados en la normativa, no deben considerarse incumplimientos. Por ejemplo, despidos individuales o colectivos por causas objetivas o extinciones solicitadas por el propio trabajador debido a modificaciones sustanciales en sus condiciones laborales.
- Aplicación del principio de proporcionalidad: Aplicar un criterio proporcional podría ser fundamental para asegurar la viabilidad de la empresa y proteger otros puestos de trabajo. Por ejemplo, en un despido disciplinario improcedente se podría defender que no hubo intencionalidad en el incumplimiento.
El compromiso de mantenimiento de empleo vinculado a los ERTE por COVID presenta varios matices y excepciones que pueden ser clave para las empresas con dificultades económicas. La interpretación de estos compromisos pueden ser cruciales para mitigar posibles sanciones.
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